La escena laboral se torna dramática. Existe, entre otros, el conflicto de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos con el Partido Nacionalista.
El punto neurálgico es que la Federación considera negativa la postergación del voto del Congreso respecto al proyecto de ley que elimina el tope de 18 sueldos para la distribución de utilidades mineras. Los parlamentarios nacionalistas habían votado por el aplazamiento.
El Partido Nacionalista ha precisado que su posición es que no se legisle sólo sobre el reparto del ocho por ciento de las utilidades, sino también sobre el 92% restante, y que se incluya en el beneficio a los que trabajan en services y en empresas subcontratistas.
Esa posición puede haber sido mal expuesta; pero resulta justa, si se considera que en el sector minero hay decenas de miles de trabajadores que pueden quedar excluidos de un goce al que tienen derecho, puesto que también son creadores de las gigantescas utilidades que la minería obtiene debido a las altas cotizaciones de su producción en el mercado mundial.
El movimiento obrero peruano, desde su nacimiento, desplegó una bandera que debe flamear en todas las luchas sindicales: SOLIDARIDAD. Es oportuno recordarlo.
Curioso es que Jorge del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, haya compartido una cita de prensa con los dirigentes mineros para azuzar la división en las filas sindicales y populares. No hay que olvidar que Del Castillo es, por definición, enemigo de los intereses obreros y defensor de las grandes empresas.
El propio viernes, Del Castillo confirmó la entraña antisindical y proempresarial de su conducta. Dijo que no se podía establecer un impuesto a las sobreganancias mineras. Si eso se hubiera aprobado, alegó, “no tendríamos la lluvia de inversiones que tenemos ahora”.
¿Cuál lluvia? ¿Cuáles inversiones? Que se sepa, sólo hay propuestas, proyectos y promesas.
Habrá que ver la conducta de Del Castillo cuando el Ejecutivo examine la ley que regula la tercerización. Es decir, el creciente recurso de las compañías de recurrir a empresas ficticias, improvisadas por los propios patronos, para eliminar derechos sociales.
El desfachatado chaleco sindicalista del premier es de usar y lavar. ¿No es acaso el jefe de un gabinete impasible ante la ola creciente de despedidos por formar sindicatos o afiliarse a ellos?
No ocurre sólo en el sector privado, con el caso paradigmático de Topy Top, que ha cesado a 150 obreros por el horrendo delito de sindicalizarse. También en el sector público menudean los despidos antisindicales (hemos insistido en el caso Pronaa, donde siguen lanzando a la calle a sindicalistas).
Ese es el turbio panorama laboral en el Perú. Un panorama cargado de nubes negras, preludio de tempestad.
