Para cumplir con las condicionalidades impuestas por el TLC con Estados Unidos, el Congreso acaba de votar a favor una propuesta del Ejecutivo que modifica algunos artículos del Código Penal y la Ley General del Ambiente. Con esta modificación, los autores de delitos ambientales (traficantes de la flora y la fauna, taladores ilegales del bosque, contaminadores, entre otros) podrán ahora sí ser penalizados con prisión efectiva.
Aunque sonroja de vergüenza el hecho de que tienen que ser los extranjeros, en este caso los estadounidenses, quienes obliguen al Perú a ser más firmes en la protección de sus recursos, la medida tiene sentido, pero no es suficiente.
Estoy pensando sobre todo en que si jueces probos aplican la ley con rigor las cárceles de la Amazonía y del resto del país no se darán abasto. Miles de extractores ilegales de madera y de fauna, decenas de mineros, centenares de concesionarios forestales y exportadores de caoba y cedro y no pocos funcionarios del Inrena tendrían que ir a dar con sus huesos en la cárcel.
Porque el sistema de extracción y aprovechamiento de la flora y la fauna amazónicas está realmente podrida de corrupción. Sólo para referirnos a la Amazonía.
Las cifran hablan al respecto.
Perú ocupa el primer lugar en el mundo entre los países de mayor deforestación de sus bosques. Le siguen Brasil, Rusia, Malasia e Indonesia. El 90 por ciento de toda la madera que consumimos internamente y la que exportamos “lavada” y “blanqueada” procede de áreas no autorizadas, principalmente de Parques y Reservas Nacionales.
Con 74 millones de hectáreas de bosques, el 95 por ciento en la Amazonía, poseemos la segunda extensión forestal en América Latina, después de Brasil, y la sétima en el mundo. Pero importamos madera de Chile y Bolivia.
Oficialmente extraemos 1 millón 500 mil metros cúbicos de madera anual.
Se estima que un volumen igual o superior es ilegal y no está en las estadísticas oficiales.
Meter a la cárcel a alguien que comete un delito ambiental tendrá un efecto disuasorio. Pero el saqueo de nuestra riqueza natural, nuestro oro verde, no se detendrá sino cuando hagamos una reingeniería total de las concesiones forestales, de toda la cadena de extracción, transporte y exportación y de la institucionalidad corrupta e ineficiente que es el Inrena, hoy en día parasitado por el aprismo.
Pero no nos hagamos ilusiones de que este gobierno hará esta reingeniería. Sería como pedirle peras al olmo.
Por: Roger Rumrrill
